El derecho a la movilidad debe ser reconocido en la Constitución
El dictamen aprobado el martes pasado por la Cámara de Diputados que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución para reconocer el derecho a la movilidad y que establece un plazo de 180 días para la creación de una Ley General de Movilidad en el país, reconoce los esfuerzos de la sociedad civil y permite avanzar en el cumplimiento de las metas de movilidad sustentable que requieren las ciudades mexicanas.
El derecho a la movilidad lo entendemos como el derecho de cada persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo, tal como fue definido por el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad por la CDHDF. El ejercicio del derecho a la movilidad en ningún momento debe restringir o acotar el ejercicio de otros derechos. Al contrario, debe ir dirigido a reforzar la responsabilidad del Estado para proveer garantías plenas de su ejercicio.
La Ley General de Movilidad que las ciudades mexicanas necesitamos y que hemos presentado como propuesta al Senado, permitirá salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los millones de mexicanos que todos los días se desplazan en el país al trabajo, escuela, comercio, servicios y ocio. Permitirá una mejor gestión del servicio de movilidad a través de más financiamiento a proyectos de movilidad urbana sustentable de alto beneficio social y ambiental. Peatones, niños, ciclistas, personas con discapacidad han visto vulnerado su derecho al libre tránsito porque las ciudades se han construido sin espacios seguros y amables para todo tipo de usuario.
A través de mejores esquemas de financiamiento y fortalecimiento de la capacidad técnica de gobiernos locales, la nueva Ley deberá reforzar la capacidad de innovación y gestión de estados y municipios para impulsar políticas efectivas de promoción del transporte público, movilidad no motorizada y seguridad vial.
Finalmente, en caso de ser aprobada esta reforma por el Senado, el proceso para elaborar la Ley debe ser deliberativo, participativo y abierto a todos los sectores de la sociedad, para que se convierta en un parteaguas en la movilidad urbana en nuestras ciudades, y se disipen las dudas respecto a su uso como un instrumento para reprimir o limitar la protesta social.
